JE M’PPELLE ABOU

JE M’PPELLE ABOU

Los guardias del paso ceutí del Tarajal se llevaron una gran sorpresa al detectar el scáner fronterizo la figura de un niño de Costa de Marfil, que encogido, intentaba pasar (ser pasado, más bien) la frontera española dentro de una pequeña maleta o trolley. Los policías abrieron prestos la maleta, sin respiradero alguno, y de ella salió un alegre e inocente muchacho de ocho años, que indemne les espetó: Je m’appelle Abou.

La historia del muchacho nos lleva a su padre, un marfileño de 43 años, residente en Las Palmas de Gran Canaria, adonde había llegado años atrás en un cayuco. Queriendo reunirse con su pequeño Abou, solicitó la reagrupación familiar a las autoridades españolas y le fue denegada. No voy a criticar la decisión de las autoridades que denegaron el permiso puesto que desconozco la situación del hombre. Tampoco han proporcionado los periódicos información de la situación del niño en su país, que adivinamos de necesidad y quizás miseria. Lo único cierto es que el padre, tras fracasar la iniciativa legal/oficial, decidió pagar (los pobres deben pagar por estas cosas) a alguien para que pasara al niño por la frontera marroquí. ¿Quién cobró por ello? Tampoco lo sabemos. La maleta, eso sí, iba en manos de Fátima E.Y, ciudadana marroquí de 19 años. Por su edad imaginamos que la chica era otro eslabón más en la cadena de despropósitos. El resultado ha sido que el niño ha sido puesto en manos del Área de Menores de Ceuta para que esta se haga cargo de su tutela y la joven marroquí y el desventurado padre han sido enviados a prisión por un “delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (sic) con el agravante de haber puesto en riesgo la vida de un menor”.

¿Un delito “contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”? ¿Cuáles son esos derechos? ¿El derecho de viajar con comodidad?, ¿el derecho de “no” poder reunirse con su padre que ha demostrado voluntad y ha pagado probablemente una suma desproporcionada para darle una vida al chico? La sentencia, estoy seguro que, siendo  conforme a derecho, no es buena para nadie. El hijo -que ha sido expuesto a un grave peligro-  se queda sin padre (en chirona), el padre se queda sin ahorros y sin hijo y la joven marroquí… pasaba por allí.

No dudo de la profesionalidad de la tutela que las autoridades ceutíes proporcionarán al pequeño, pero alguien allí, quizás saltándose el protocolo, deberá explicar al chico que su padre es un buen hombre y que ha demostrado quererle como pocos. Que no podía elegir el medio de transporte, y que de poder haberlo hecho, como podemos hacerlo usted y yo, habría venido como Dios manda: con buenas ropas, calzando unas bonitas Nike, último modelo y camiseta del Barça de trinki.

La sentencia judicial me recuerda otras igual de absurdas como el empecinamiento de ciertas ordenanzas municipales dictadas por alcaldes con la sensibilidad de calamares de las simas oceánicas, en las que se imponen multas a los indigentes por dormir en la calle o registrar en las basuras. En Barcelona, por poner un ejemplo, un indigente ha sido multado más de 100 veces por el delito de dormir en la calle. A 180 euros la multa, pueden sacar la cuenta. Por supuesto, es un brindis al sol. El hombre rompe una tras otra las denuncias delante del mismo policía. ¿Qué puede hacer si no? ¿Pagar 40 euros la noche en un hostal de la zona? ¿Creen que si tuviera los medios no lo haría? ¿O que pasa las frías noches de invierno en el asfalto y sin techo por el pérfido motivo de molestar al señor alcalde?

Entre lo que se ajusta a derecho y lo que es útil a los individuos y a la sociedad hay un trecho que algunos jueces como el Juez de Menores de Ganada Emilio Calatayud intentan recorrer con dignidad y yo diría, que acierto. Recuerdo sentencias impuestas por del Juez como la de hacer impartir un número de horas de clase de informática a jóvenes a un cracker que  había causado perjuicios a ciertas empresas o hacer visitar un centro de parapléjicos, durante un día entero, a un menor que había sido detenido conduciendo borracho, exigiéndole una redacción con las entrevistas a los damnificados y a sus familiares. No sé porqué, pero el sentido común nos dice que ese es el camino.

Y hablando de sentencias razonables: ¿Impondrían una multa de 19 millones de euros a una Comunidad Autónoma por haber hecho trampas en su dación de cuentas, escondiendo facturas sanitarias en los cajones, cuando era manifiesto que no las podían pagar por subvencionar carreritas de coches y cosas así? ¿O llamarían al juez Calatayud, a ver si tiene alguna idea para con sus dirigentes?

Román Rubio

#roman_rubio

Mayo 2015