LOS QUE DAN Y LOS QUE TOMAN

LOS QUE DAN Y LOS QUE TOMAN

Correa, Crespo y el Bigotes lo tienen mal. Han sido enviados a prisión sin esperar a la resolución del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano le ha impuesto una pena de trece años a cada uno de ellos por una de las ramas  del llamado caso Gürtell. Se trata de la asignación a la empresa de Correa del diseño, montaje y gestión del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre los años 2005-2009. El tribunal valenciano considera probado que los contratos de adjudicación para la feria madrileña y otras menores estaban amañados y se trataban de “un mero subterfugio para directamente apropiarse de los caudales públicos”. Junto a los miembros de la Gürtell han sido condenados cinco antiguos integrantes de la Agencia Valenciana de Turismo, incluidos la que fuera Consejera de Turismo Milagrosa Martínez (a nueve años de prisión y 27 de inhabilitación) y su exjefe de Gabinete Rafael Betoret (seis años de cárcel y 17 de inhabilitación). Dados la magnitud de la pena y las características de los inculpados, es muy probable que el tribunal los envíe directamente a prisión, para evitar posibles huídas de la justicia. En el momento de escribir este artículo aún no se sabe lo que decidirán los jueces respecto a Milagrosa y Betoret.

No siento ninguna pena por los correas, bigotes, crespos y demás. Vi en su momento en televisión una entrevista a El Bigotes y descubrí a un ser desagradable, chulo, faltón y  violento, amante del lujo y poseedor de una de las cualidades que más detesto en las personas: su docilidad, connivencia y peloteo con el poderoso y  altanería y dureza con el débil. Un bicho.

Por otra parte, aunque resulte retórico y manido, respeto las condenas que imponen los jueces, no por acatamiento a la autoridad —que también— sino porque son ellos (los jueces) quienes disponen de todos los datos y testimonios que les permiten reconstruir los hechos y formarse un juicio.

Y dicho esto, desde fuera, hay algo de esta sentencia y otras similares que no entiendo y que me hacen estar de acuerdo con el abogado de Crespo cuando dice que es injusto  que las penas sean más duras con quien se beneficia de un delito (su cliente) que con quien lo comete (la Administración). Si el objetivo de las adjudicaciones no eran sino “un mero subterfugio para directamente apropiarse de los caudales públicos”, ¿por qué se castiga con más dureza al empresario que va a obtener beneficios para su empresa que al guardián de los caudales públicos que es, en definitiva, el responsable de la adjudicación? Imaginemos que tengo una empresa de servicios y mi compadreo y cercanía con la Administración hace que esta amañe contratos millonarios por trabajos que valen menos o simplemente no se hacen. Si el responsable político está al tanto, participa y hasta cobra él o su partido del engaño, ¿no tendrá este una culpa mayor? ¿Quién tiene la potestad de amañar el contrato, el que da o el que toma? ¿Quién de los dos es éticamente más rastrero, el empresario que hace un negocio redondo con beneficios de un 1.000 por cien o el político que, a sabiendas, lo paga con caudales públicos?

Ya digo, los jueces sabrán. Algo debe de haber que yo desconozco, pero con los datos que me da la prensa, la Consellera de Turismo, el Presidente del Consell de la época y toda la camarilla son los verdaderos villanos y son ellos quienes deberían tragarse la píldora que se van a tragar Correa, El Bigotes y compañía .

Román Rubio

Febrero 2017