DESCONEXIÓN

DESCONEXIÓN

Portugal ganó Eurovisión por primera vez la semana pasada, el Madrid ha ganado la Liga y Pedro Sánchez las primarias del PSOE. La rueda de la vida continúa girando con sus hallazgos y sus chascos. Hablando de chascos: no hay más que ver la cara de Susana Díaz en la pregonada “foto” con sus compañeros. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? (que dicen los ingleses) o ¡al suelo que vienen los nuestros! (que decía aquel significado miembro de la UCD del denostado en vida y alabado después Adolfo Suárez).

En este contexto periodístico se ha dado a conocer la Ley de Transitoriedad Jurídica con la que los catalanes se dotan para llevar a cabo la desconexión con España en caso de no ser aceptada por el gobierno central la convocatoria del referéndum de independencia, consulta en la que los residentes en Cataluña deberían contestar a la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?” Hay que reconocer que la consulta es clara. Aquí no hay ambigüedades de sí pero no, o sí en caso de, o no pero… Según el borrador de ley elaborado en medio-secreto, el resultado sería vinculante cualquiera que fuera el nivel de participación y por mayoría simple, es decir, un solo voto podría decidir en uno u otro sentido. Se juega duro porque las consecuencias en el caso de que se produzca una desconexión unilateral pueden ser devastadoras. Para Cataluña y para España.

Veamos cuales son las inquietudes de andar por casa que entrevé un pardillo como yo, alejado de los centro de poder político y económico.

- La deuda contraída por el Estado español asciende a un 100% del PIB total. Los compromisos de pago se adquirieron para el conjunto del territorio contando con la capacidad de pago que conferían los ingresos correspondientes. Desde el día siguiente de la desconexión, España quedaría con la misma deuda y con un 20% menos de ingresos (tamaño aproximado de la economía catalana en el conjunto del Estado), a no ser que Cataluña se hiciera cargo de su parte de deuda, para lo que debería haber un acuerdo.

- El país (España) tiene unos gastos en representaciones diplomáticas en el extranjero, ejército, Policía, Guardia Civil, inteligencia, etc. Gastos fijos que habría que reducir pero que solo puede hacerlo en el largo plazo. Durante unos cuantos lustros tendría que estar pagando unos ruinosos gastos sobredimensionados.

- La ley catalana estipula quién tiene derecho a la ciudadanía, que son todos aquellos que lleven, al menos, un año censados en el territorio catalán. Ahora bien, ¿qué ocurre con todos aquellos que no quieran adoptar esa ciudadanía y prefieran seguir con su pasaporte español? Supongo que muchos de los ciudadanos residentes se decidirían por la nacionalidad del estado más solvente y que mejor garantizara su salario o pensión. También influiría el estatus europeo en el que quedara Cataluña.

- ¿Quién paga el subsidio de paro y las pensiones al mes siguiente de producirse la desconexión? ¿Con qué recursos afronta Cataluña los gastos de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y pagos de salarios de funcionarios, pensiones y subsidio de paro hasta que pongan en rodaje su propia Hacienda y cobro de impuestos? ¿Con la transferencia del Estado? ¿Cuentan con ella?

- ¿Deberá pagar el gobierno catalán la pensión de los policías, guardias civiles, jueces y demás funcionarios del estado español que residan en su territorio? ¿Y las de los que ejercieron allí y viven en otra parte?

- ¿Qué pasa si uno de los dos actores se declara en bancarrota? ¿Deberá el otro salir en el socorro de sus ciudadanos tenga el pasaporte que tenga o deberá hacerlo solo el Estado Español?

- La ley da por sentado la continuidad del territorio en el euro y, sobre todo, en la Unión Europea, lo que no está nada claro. Por un lado, a Europa no le interesa nada el hecho de que el proceso prenda. No solo por Cataluña sino por lo impredecible del proceso y el peligro de levantar la veda y tener que afrontar una peligrosa fuente de inestabilidad con las pretensiones de otras regiones que llevarían a un proceso de descomposición. Y si además, la aceptación de Cataluña lleva implícito el ejercicio de (no) veto de una España humillada y empobrecida, no sé.

- Podrían haber indeseables efectos de posibles boicots para productos catalanes en España y viceversa, con resultados desequilibrados, ya  que a un lado hay 40 millones y 7 en el otro.

- El Estado español es propietario de bienes muebles e inmuebles dentro de Cataluña. Los muebles se pueden transportar. Los inmuebles no. Se tienen que expropiar (sin la aquiescencia del expoliado) y pagar.

Esta es una lista de problemas así, a vuelapluma. Deben de haber muchísimos más, que yo, ni siquiera intuyo pero que tú, lector, puedes continuar añadiendo. Lo único que tengo claro es que el referéndum no pactado, tal y como está planteado por los independentistas catalanes, sin definir ni estipular una mayoría suficiente, es una mala solución. La Ley de Territorial Jurídica intuyo que es peor.

Román Rubio

Mayo 2017