LGTBI
Hace
un par de semanas me acerqué al desfile de carrozas de la fiesta del Orgullo en
Valencia, mucho más modesta que la de Madrid pero divertida, al fin y al cabo.
En una de ellas aparecía el lema “No nos mires, únete”. Me sentí algo incómodo,
puesto que yo no tenía ninguna intención de unirme. Iba allí de mirón. Como voy
de mirón al desfile de la Ofrenda en Fallas, el del Año Nuevo Chino o la
manifestación feminista de marzo. (Ahora que lo pienso, voy de mirón a tantos
eventos que empiezo a pensar si no iré de mirón en la vida, lo que, por otra
parte, no es ni mejor ni peor que ir —por ejemplo— de héroe). El hecho es que en todos estos eventos me siento
bienvenido. Y sí. También en la fiesta del “colectivo” (perdón por el término)
LGTBI (perdón por el acrónimo).
Las
personas que celebran ese acto de manera activa (y no de mirones, como un
servidor) han sido objeto de burla y menosprecio, han sufrido marginación,
persecución, rechazo y violencia. En mi ya lejana infancia, en épocas
franquistas, no solo estaban estigmatizados sino perseguidas al amparo de la
Ley de peligrosidad social.
Afortunadamente
hoy no hay nada de eso. No solo no hay estigma que valga ni ley que las persiga
sino que, por el contrario, el personal se ve protegido por el Código Penal y
sus estipulados “delitos de odio”, entre los que se incluyen aquellos
contra la identidad sexual. Solo se
puede contar alguna agresión verbal o física puntual que es vista con
desaprobación y rechazo por el común de los mortales, además de ser perseguida por
la justicia.
Por
todo ello me sentí muy pero que muy decepcionado por lo que ocurrió en la celebración
del Orgullo en Madrid. Allí, de manera más o menos espontánea se “prohibió” a
los representantes de Ciudadanos tomar parte en la jornada de celebración
(y -como dicen muchos de los
organizadores- de reivindicación).
Los
amantes de la libertad y víctimas de la intolerancia se convirtieron ellos
mismos en sectarios bucéfalos censores, constrictores de la libertad ¡Qué pena!
Me
llama la atención que desde el Cogam (colectivo de lesbianas, gais, trans y
bisexuales –o algo así-) se diga que los políticos tienen derecho a
manifestarse “como cualquiera”. “Y la gente a responder contra lo que los
políticos hacen”. Bueno, pues todo vale, ¿no? ¿Cómo puede pensar eso un “colectivo” que ha sido vilipendiado, insultado,
maltratado y zaherido desde tiempos inmemoriales? ¿Acaso tenían los demás
derecho a hacerlo, en aras a una pretendida libertad de expresión? Pues no. La libertad de
expresión, como la libertad, en general, tiene sus limitaciones. Como decía
Isaiah Berlin, la libertad del pez grande es la perdición del chico.
En
estos momentos pienso en aquellas personas gais, lesbianas transexuales y
bisexuales que pertenezcan o simpaticen con el partido de Ciudadanos y cómo se
deben de sentir. Una vez superada la culpa de sentirse “diferente” por su
identidad sexual, ¿tienen ahora que avergonzarse por su tendencia política
liberal?
Alá
confunda a quienes vetan o hacen avergonzarse a los demás por su identidad sexual,
política o ideológica.
Por
mi parte, sean bienvenidos los de Ciudadanos, los curas y hasta los mirones.
Román
Rubio
Julio
2019
P.D. La ley sobre la peligrosidad y rehabilitación social fue promulgada
por las Cortes franquistas en 1970 y venía a sustituir la famosa ley
de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la II República en 1933,
conocida como La Gandula, y dirigida
contra vagabundos, nómadas, proxenetas y otros elementos antisociales, a los
que el franquismo añadió los homosexuales.
Se consideraban tipos antisociales,
entre otros, a:
Vagos
habituales, rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad,
los que habitualmente ejerzan la prostitución, los que promuevan o favorezcan
el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico, los
mendigos o ebrios habituales, los toxicómanos, los menores de 21 años
abandonados por la familia y moralmente pervertidos, etc.
Entrada la democracia, la ley siguió
en vigor, aunque sin aplicación de facto para los homosexuales. En 1979 fueron
suprimidos algunos artículos de la ley, fue de nuevo modificada en 1983 y 1989
en lo referente a la tipificación de escándalo público y finalmente derogada en
1995.
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